¿La Instrucción de 2022 puede defenderse como una interpretación válida de la ley? La controversia sobre la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no se resuelve preguntando si una instrucción administrativa puede crear derechos: no puede. La cuestión decisiva es otra: si la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública identificó un significado jurídicamente admisible de la ley o si modificó materialmente su alcance.

Tres ideas clave

  1. La legalidad de la Instrucción depende de su contenido, no de su denominación. El ordenamiento permite a la Administración establecer criterios interpretativos para aplicar las leyes, pero no reconocer mediante instrucciones nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad.
  2. La defensa jurídica de la Instrucción se encuentra, principalmente, en su directriz séptima, apartado II.1. Allí se explica por qué la Dirección General considera que la Ley de Memoria Democrática reunió en un mismo párrafo dos supuestos que la Ley de Memoria Histórica de 2007 había regulado separadamente.
  3. La objeción más importante es gramatical y normativa. La expresión «y que» puede interpretarse como una acumulación de requisitos. La tesis favorable a la Instrucción debe demostrar por qué una lectura histórica y sistemática permite distinguir dos supuestos sin crear un derecho por analogía.

La cuestión central

¿Interpretó la Administración la ley o amplió sus beneficiarios?

La Instrucción de 25 de octubre de 2022, aprobada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, estableció criterios para aplicar el derecho de opción a la nacionalidad española reconocido por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Su interpretación del primer inciso de esa disposición ha dado lugar a una controversia jurídica de considerable alcance.

La Dirección General entendió que el precepto comprende dos situaciones diferenciadas:

  • Determinados descendientes nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles.
  • Descendientes vinculados a la pérdida o renuncia de la nacionalidad como consecuencia del exilio.

Quienes cuestionan esa interpretación sostienen que la ley exige conectar ambos elementos y que la Administración habría ampliado indebidamente el número de personas con derecho a optar a la nacionalidad.

La diferencia entre ambas posiciones no es meramente terminológica.

  • Si la Instrucción reconoció un supuesto que la ley no contempla, existiría una objeción seria de extralimitación administrativa.
  • Si, por el contrario, resolvió una ambigüedad normativa mediante los criterios interpretativos admitidos por el ordenamiento, su actuación puede defenderse como una aplicación legítima de la ley.

Esos fundamentos no descansan exclusivamente en la finalidad reparadora de la Ley de Memoria Democrática. Se apoyan en la combinación de su redacción, los antecedentes de 2007, la explicación contenida en la propia Instrucción y los criterios establecidos en el artículo 3.1 del Código Civil.

El argumento debe examinarse sin confundir dos preguntas:

  • ¿La Administración tenía facultades para dictar instrucciones?
  • ¿El criterio concreto que adoptó era jurídicamente correcto?

La primera cuestión se refiere a la naturaleza del instrumento. La segunda, a los límites de su contenido.

¿Puede una instrucción administrativa interpretar una ley?

La Administración necesita interpretar las disposiciones que aplica. Sin esa actividad interpretativa, numerosos procedimientos quedarían sujetos a criterios dispares, especialmente cuando una ley utiliza conceptos que requieren concreción o presenta dificultades de redacción.

Sin embargo, la capacidad de interpretar no equivale a la potestad de legislar.

El artículo 6 de la Ley 40/2015 y los límites de las instrucciones

El artículo 6 de la Ley 40/2015 contempla las instrucciones y órdenes de servicio como instrumentos mediante los cuales los órganos administrativos dirigen las actividades de los órganos jerárquicamente dependientes.

También prevé su publicación oficial cuando una disposición específica lo establezca o cuando resulte conveniente por sus destinatarios o efectos.

De esta regulación se desprende una primera conclusión: la publicación de una instrucción en el Boletín Oficial del Estado no la convierte, por ese solo hecho, en un reglamento. Pero tampoco garantiza que todo su contenido sea válido.

La calificación jurídica de una actuación administrativa requiere examinar su naturaleza material, su fundamento competencial y sus efectos.

En el ámbito del Registro Civil deben considerarse, además, las particularidades de su organización y las funciones atribuidas a la Dirección General. No resultaría suficientemente preciso reducir la posición de las distintas oficinas registrales a la de simples órganos jerárquicamente subordinados, pues tienen atribuidas competencias propias y sus encargados asumen la responsabilidad de la tramitación y resolución de los expedientes.

Lo relevante, a estos efectos, es que la Dirección General actúa como centro directivo y consultivo del Registro Civil, ejerce funciones de supervisión y coordinación y puede dictar, en los asuntos de su competencia, instrucciones, resoluciones y circulares de carácter vinculante.

Qué hace materialmente la Instrucción de 2022

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 establece directrices sobre el ejercicio y alcance del derecho de opción, así como reglas procedimentales para su tramitación ante las oficinas del Registro Civil.

Entre otras materias, aborda los supuestos de opción, la documentación necesaria y las actuaciones registrales. Su función procedimental es clara. Sin embargo, la controversia no se refiere principalmente a los formularios o a la organización de los expedientes. Se concentra en la interpretación que determina quién puede acogerse al primer inciso de la disposición adicional octava.

Esta precisión impide construir una defensa demasiado sencilla.

No basta con afirmar que la Instrucción no concede individualmente la nacionalidad, porque una interpretación general puede influir de forma decisiva en el reconocimiento de ese derecho. La defensa debe demostrar que el criterio administrativo tiene cobertura en la ley. Y para hacerlo debemos acudir al pasaje más importante de la propia Instrucción.

Directriz séptima de la Instrucción de 2022

En este punto, abordaremos el fundamento jurídico de la interpretación de 2022.

El núcleo del razonamiento se encuentra en la directriz séptima, apartado II, punto 1.º, dedicada a las personas que pueden ejercer el derecho de opción previsto en el primer inciso de la disposición adicional octava.

En ese apartado, la Dirección General no se limita a enumerar beneficiarios. También explica por qué considera admisible una interpretación diferente de la que podría resultar de una lectura estrictamente gramatical.

Su razonamiento puede reconstruirse en tres pasos.

1) Reconocer la dificultad del texto legal

La disposición adicional octava conecta el nacimiento fuera de España, la ascendencia de padres o abuelos originariamente españoles y la referencia a quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

La propia Dirección General reconoce que el párrafo puede parecer referido únicamente a descendientes de personas exiliadas. Este reconocimiento importa.

La Instrucción no parte de negar que exista una lectura restrictiva plausible. Más bien, admite la dificultad y propone resolverla mediante una interpretación conjunta de la Ley de 2007 y la Ley de 2022.

La defensa de su legalidad debe comenzar precisamente ahí: en la existencia de una controversia sobre el significado del texto.

2) Acudir a la disposición adicional séptima de 2007

La Ley 52/2007, de Memoria Histórica, regulaba dos supuestos diferenciados de opción a la nacionalidad española de origen.

  • El primero contemplaba a personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español.
  • El segundo reconocía ese derecho a los nietos de quienes habían perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

La distinción era jurídicamente relevante porque el exilio no constituía un requisito específico del primer supuesto.

La Dirección General considera que este antecedente permite comprender la nueva formulación de 2022.

Su razonamiento parte de que la Ley de Memoria Democrática introdujo supuestos adicionales de opción y de que, dentro de esa orientación legislativa, no resultaría coherente interpretar que el legislador pretendía excluir sin una justificación clara situaciones anteriormente reconocidas.

La Instrucción concluye que el legislador habría reunido en un único párrafo los dos supuestos de la disposición adicional séptima de 2007.

Esta conclusión es una interpretación administrativa de la voluntad legislativa, no una declaración incontrovertible de lo que el legislador quiso hacer. Pero posee una característica que resulta importante para su defensa: identifica un antecedente normativo concreto y explica cómo influye en la lectura de la disposición posterior.

No se limita a invocar genéricamente la justicia histórica.

Para comprender los antecedentes legislativos: en este artículo analizamos por qué es clave interpretar conjuntamente las leyes de memoria de 2007 y 2022, las diferencias entre sus supuestos de nacionalidad y el origen de la controversia.

3) Distinguir dos supuestos dentro del primer inciso de 2022

A partir de ese antecedente, la Dirección General entiende que el primer inciso comprende dos grupos.

  • El primero incluye a personas nacidas fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles.
  • El segundo comprende a descendientes nacidos fuera de España de personas originariamente españolas que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

En la explicación de la Instrucción, la expresión «y que» desempeña un papel decisivo, porque se interpreta como un elemento que permite incorporar el segundo supuesto al primero, en lugar de imponer necesariamente un requisito acumulativo a todos los descendientes.

Este es el punto exacto de la controversia.

La Dirección General no discute que el legislador haya empleado esa expresión. Lo que sostiene es que su significado debe determinarse teniendo en cuenta la estructura normativa anterior y la finalidad de la nueva ley.

La respuesta no puede obtenerse únicamente de la denominación administrativa del documento. Requiere aplicar los criterios generales de interpretación.

El artículo 3.1 del Código Civil

¿Cómo se justifica una interpretación sistemática?

El artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas deben interpretarse atendiendo al sentido propio de sus palabras, en relación con su contexto, sus antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo de aplicación y su espíritu y finalidad.

El precepto no permite sustituir libremente la ley por la solución que parezca más conveniente. Exige considerar conjuntamente los elementos que permiten determinar su significado.

En el caso de la Ley de Memoria Democrática, tres criterios resultan especialmente importantes.

1) La literalidad: una objeción que no puede ignorarse

La expresión «y que» ofrece un argumento significativo a quienes defienden una lectura acumulativa. Desde esa perspectiva, el precepto describiría un único supuesto cuyos requisitos deben concurrir conjuntamente.

La ascendencia española y las circunstancias del exilio formarían parte de una misma condición legal.

Esta interpretación presenta una ventaja: se ajusta a una lectura gramatical inmediata de la disposición. La defensa de la Instrucción no debería minimizarla. Pero, la interpretación jurídica tampoco puede reducirse automáticamente a la primera lectura gramatical posible cuando existen elementos normativos que justifican examinar otra.

La cuestión consiste en determinar si la formulación de 2022 permite una lectura distinta sin violentar sus palabras.

2) Los antecedentes legislativos: un argumento a favor de la continuidad

La disposición adicional séptima de 2007 proporciona un antecedente particularmente próximo. No se trata de una ley remota ni de una referencia histórica utilizada por simple semejanza. Es la regulación anterior de un mecanismo especial de nacionalidad vinculado a las políticas de memoria.

La Ley de 2022 volvió a abordar esa materia, introdujo nuevos supuestos y mantuvo referencias expresas a la disposición de 2007. Esta relación permite sostener que el legislador de 2022 actuó dentro de una continuidad normativa relevante. Ahora bien, la continuidad no implica identidad.

Una ley posterior puede modificar requisitos establecidos por otra anterior. Por ello, el argumento histórico solo resulta convincente si contribuye a explicar una interpretación que todavía puede sostenerse a partir del nuevo texto.

Ese es el límite que debe respetar la defensa.

3) La finalidad reparadora: un criterio jurídico, no una autorización ilimitada

La Ley de Memoria Democrática incorpora una finalidad de reparación de determinadas consecuencias históricas de la Guerra Civil, la dictadura y el exilio. Ese propósito forma parte de su contexto normativo.

La Instrucción lo utiliza para justificar una lectura que considera coherente con la continuidad y ampliación de las medidas anteriores. Desde la perspectiva de Echeverría Abogados, este criterio refuerza la interpretación histórica y sistemática.

Sin embargo, la finalidad reparadora no permite reconocer la nacionalidad a cualquier descendiente de españoles ni prescindir de las condiciones legales. Su función es orientar la interpretación cuando el texto admite distintas lecturas jurídicamente defendibles.

La objeción más difícil

¿Puede el «y que» convertirse en dos supuestos alternativos?

Una defensa jurídica seria debe afrontar la objeción más fuerte de la posición contraria.

Si el legislador utilizó una conjunción que normalmente acumula elementos, ¿puede una instrucción administrativa interpretarla como una conexión entre dos situaciones diferenciadas?

La respuesta exige distinguir lo que resulta gramaticalmente más inmediato de lo que puede ser jurídicamente admisible.

El argumento contrario: la Administración habría eliminado un requisito

La tesis restrictiva sostiene que la Ley 20/2022 describe un supuesto unitario. Según esa lectura, la referencia al exilio y a la pérdida o renuncia de la nacionalidad delimita a los beneficiarios del primer inciso.

Si la Instrucción reconoce el derecho de opción a descendientes que no acreditan esas circunstancias, estaría prescindiendo de una condición establecida por la ley. La consecuencia sería una ampliación material del ámbito subjetivo del derecho.

Esta objeción es relevante porque la nacionalidad española no puede adquirirse mediante una decisión administrativa que sustituya los requisitos legislativos. Tampoco puede justificarse cualquier ampliación mediante una apelación abstracta a la finalidad reparadora.

La respuesta favorable: el significado legal se determina dentro del sistema normativo

La defensa de la Instrucción parte de una premisa distinta. Considera que el primer inciso no debe aislarse de su antecedente inmediato y que la disposición de 2022 admite una lectura integradora de los dos supuestos previamente diferenciados.

La conjunción discutida se interpreta, así, dentro de una estructura legislativa más amplia. El argumento no consiste en afirmar que el «y que» significa habitualmente «o».

Consiste en sostener que, en esta disposición concreta, la conexión gramatical puede comprenderse como parte de una formulación que reúne situaciones distintas, atendiendo al antecedente normativo y a la finalidad de la ley.

Esta explicación ofrece una respuesta jurídica a la objeción literal. Pero también permite identificar su límite.

La defensa de la Instrucción depende, por tanto, de demostrar que su lectura permanece dentro de los significados jurídicamente posibles del precepto. Esa es una cuestión de interpretación legal, no de preferencia política o administrativa.

Interpretación y analogía

Aquí surge la pregunta: ¿por qué la distinción resulta decisiva?

El artículo 4.2 del Código Civil establece límites a la aplicación de leyes penales, excepcionales y temporales a supuestos o momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

La disposición resulta relevante porque el régimen especial de opción de la Ley de Memoria Democrática estaba sometido a un plazo legal y responde a una regulación específica. No sería admisible utilizar la analogía para extender sin cobertura el derecho de opción a situaciones ajenas a la ley. Sin embargo, interpretar una norma y aplicarla por analogía son operaciones jurídicas diferentes.

La interpretación busca determinar qué situaciones están comprendidas en el significado de una disposición. La analogía permite, cuando el ordenamiento lo admite, aplicar a un supuesto no contemplado una regulación prevista para otro con el que existe identidad de razón.

La tesis favorable a la Instrucción no pretende aplicar nuevamente la Ley de 2007 a quienes no estén comprendidos en la Ley de 2022. Sostiene que el antecedente de 2007 ayuda a interpretar el alcance de una disposición vigente de 2022. Esta diferencia es fundamental.

El antecedente legislativo funciona como criterio para comprender la ley posterior, no como fuente autónoma de un nuevo derecho de opción.

Una interpretación que excediera el significado admisible del texto podría producir, en la práctica, una extensión material del derecho, aunque se presentara como interpretación histórica o finalista.

Por ello, el artículo 4.2 obliga a extremar el rigor de la argumentación. La defensa de la Instrucción debe permanecer vinculada a la Ley 20/2022, no descansar en una aplicación independiente de la Ley 52/2007.

La legalidad de la Instrucción no depende solo de su forma

Una vez examinado el fundamento interpretativo, podemos volver a la cuestión de su naturaleza jurídica.

La Instrucción de 2022 contiene reglas de procedimiento y criterios de interpretación dirigidos a facilitar la aplicación registral de la Ley de Memoria Democrática. Estas funciones son compatibles con la actividad administrativa. Pero la controversia se concentra en un contenido concreto: la identificación de los beneficiarios del primer inciso.

La pregunta es si ese contenido tiene carácter interpretativo o innovador.

Qué permite defender su carácter interpretativo

Existen varios elementos que respaldan la posición favorable.

  • En primer lugar, la Instrucción identifica expresamente la disposición legal que pretende aplicar.
  • En segundo lugar, reconoce la dificultad interpretativa del texto y desarrolla un razonamiento jurídico para resolverla.
  • En tercer lugar, utiliza un antecedente legislativo directamente relacionado con la materia.
  • Finalmente, vincula su conclusión con la finalidad de la Ley de Memoria Democrática.

Estos elementos no convierten automáticamente la interpretación en correcta. Pero muestran que la Dirección General no se limitó a establecer arbitrariamente un nuevo supuesto de nacionalidad.

Formuló una interpretación que puede someterse a contraste jurídico.

Qué determinaría una extralimitación

La objeción de extralimitación resultaría más sólida si se concluyera que el primer inciso de la disposición adicional octava no admite razonablemente la distinción realizada por la Instrucción.

En ese caso, la Administración habría atribuido a la ley un alcance que el legislador no estableció.

No sería suficiente alegar que el criterio favorece a los solicitantes o que responde a una finalidad histórica legítima.

El principio de legalidad exige que la adquisición de nacionalidad encuentre fundamento en una disposición legal aplicable.

Esta es la razón por la que una defensa basada exclusivamente en el artículo 6 de la Ley 40/2015 resultaría incompleta.

Qué ha señalado el Tribunal Supremo en 2026

La controversia adquirió especial relevancia con los procedimientos judiciales relativos a los efectos electorales de la interpretación administrativa.

En el recurso contencioso-administrativo 1013/2026, promovido por Iustitia Europa contra el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, la Sala Tercera del Tribunal Supremo examinó medidas cautelares relacionadas con la inscripción o los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

El Auto de 12 de octubre de 2026 resolvió recursos de reposición frente a las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre.

La Sala expresó dudas jurídicas relevantes sobre la interpretación administrativa de la disposición adicional octava. Esas apreciaciones deben considerarse seriamente.

Sin embargo, resulta imprescindible precisar su alcance.

Una valoración cautelar no equivale a una sentencia sobre el fondo

Las medidas cautelares se adoptan dentro de un proceso judicial para atender determinadas necesidades de protección provisional. Su examen no tiene el mismo objeto ni necesariamente la misma profundidad que la resolución definitiva del litigio.

En el Auto de 12 de octubre, la Sala sitúa sus consideraciones sobre la interpretación de la ley en el marco del análisis cautelar y diferencia ese examen de la decisión de fondo. Por tanto, no sería correcto afirmar que esa resolución declaró definitivamente ilegal la Instrucción de 2022. Tampoco sería correcto ignorar las dudas expresadas por el Tribunal Supremo.

La posición jurídicamente rigurosa consiste en reconocer ambas circunstancias.

El objeto del procedimiento también importa

El procedimiento 1013/2026 se refiere a la impugnación de un acuerdo de la Junta Electoral Central.

La interpretación de la Instrucción aparece en la controversia porque está relacionada con los efectos electorales discutidos. Pero eso no convierte automáticamente el procedimiento en un recurso directo contra la Instrucción.

La distinción es esencial para comprender el alcance de las resoluciones.

Una decisión cautelar sobre el censo electoral no equivale, por sí sola, a una anulación general de las nacionalidades reconocidas mediante procedimientos registrales.

El Auto también cuenta con un voto particular discrepante de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, cuya valoración de las medidas adoptadas merece un análisis específico.

Ese examen corresponde al tercer artículo de la serie, dedicado a las consecuencias constitucionales de la controversia.

Qué implica la discusión para las personas que adquirieron la nacionalidad española

La legalidad de la Instrucción y la situación jurídica individual de las personas que adquirieron la nacionalidad son cuestiones relacionadas, pero distintas. La controversia sobre el criterio interpretativo no permite afirmar que todas las nacionalidades reconocidas conforme a él hayan quedado automáticamente anuladas.

Las situaciones jurídicas individuales requieren el tratamiento que corresponda según sus títulos de adquisición, los procedimientos aplicables y las resoluciones que eventualmente puedan dictarse.

Esta precisión no significa que una controversia sobre la interpretación legal carezca de consecuencias. Significa que esas consecuencias no deben presumirse ni extenderse más allá de lo efectivamente decidido.

La seguridad jurídica exige distinguir entre el cuestionamiento de un criterio general, la revisión de actuaciones concretas y las medidas provisionales que puedan afectar al ejercicio de determinados derechos.

Cuando el debate se proyecta sobre el sufragio de ciudadanos españoles, entra además en juego una dimensión constitucional propia.

Para más información sobre la seguridad jurídica de la Ley de Nietos, consulta el artículo Ley de Nietos y derecho al voto: qué está en juego ante el Tribunal Constitucional donde examinaremos las medidas cautelares del Tribunal Supremo, el voto particular y el recurso de amparo del Defensor del Pueblo.

Conclusión

La defensa de la Instrucción exige demostrar que interpreta la ley, no que la sustituye. La controversia sobre la Instrucción de 25 de octubre de 2022 plantea una cuestión fundamental del Estado de Derecho. La Administración debe aplicar las leyes y, para hacerlo, necesita interpretarlas. Pero esa función no le permite sustituir al legislador ni crear derechos de nacionalidad sin cobertura legal.

El problema consiste en determinar de qué lado de esa frontera se sitúa la interpretación de la disposición adicional octava.

Desde la perspectiva de Echeverría Abogados, existen fundamentos jurídicos relevantes para defender que la Dirección General permaneció dentro de su función interpretativa.

La directriz séptima identifica una dificultad de redacción, acude a un antecedente legislativo directamente relacionado y propone una lectura coherente con la finalidad reparadora de la Ley de Memoria Democrática. El artículo 3.1 del Código Civil proporciona el marco para valorar ese razonamiento.

La tesis favorable a la Instrucción no necesita negar la fuerza del argumento gramatical contrario. Debe demostrar que la lectura histórica y sistemática resulta compatible con el texto legal.

Ese es el verdadero criterio de validez: no si la interpretación es más amplia o restrictiva, sino si permanece dentro de los significados jurídicamente admisibles de la ley.

Si la interpretación se encuentra dentro de esos límites, puede defenderse que la Administración no creó un derecho nuevo, sino que concretó el alcance de uno establecido por el legislador. Si los supera, la finalidad reparadora no bastaría para justificarla.

La existencia de una controversia judicial no elimina la necesidad de realizar este análisis con rigor. Tampoco permite anticipar una conclusión definitiva que todavía debe examinarse dentro del procedimiento correspondiente. La discusión ofrece, además, una enseñanza de alcance más amplio.

La reparación histórica, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de ciudadanía no son objetivos necesariamente incompatibles. Pero cada uno debe defenderse mediante los instrumentos jurídicos que le corresponden.

La legalidad de la Instrucción exige una interpretación fundada de la Ley de Memoria Democrática. La protección del derecho al voto exige, por su parte, un examen específico de las medidas que puedan limitar su ejercicio.

Mantener separadas ambas cuestiones no debilita la defensa jurídica, sino que la hace más precisa y sólida.

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