Las regiones españolas de Barcelona, Madrid y Málaga fueron las que concentraron el mayor número de "visados de oro" en el año 2022. Este término se refiere a los visados que se concedieron a los no españoles que habían comprado una vivienda con un valor equivalente o superior a 500.000 euros. Esta información fue facilitada por el Gobierno de España en una respuesta a una pregunta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press.

En la declaración de respuesta del Ejecutivo se menciona que el año 2022 se expidieron 476 visados por inversión inmobiliaria en España. Fueron casi 500 las personas extranjeras que, en su conjunto, invirtieron más de medio millón de euros en una vivienda. Por otro lado, en una respuesta parlamentaria previa, el Gobierno dijo que entre los años 2013 y 2022 se expidieron un total de 4.940 visados. Esta última cifra tiene en cuenta las inversiones realizadas en empresas y otras formas de capital, además de la compra de viviendas.

Las ventas de viviendas a extranjeros aumentaron un 45%, hasta 88.800 compras, en 2022.

Los "visados de oro" son un instrumento aprobado con la Ley 14/2013 de ayuda a las empresas y su internacionalización, presentada e impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Dentro del marco de esta ley, un inversor extranjero tiene tres posibilidades para obtener un visado y permiso de residencia. La primera opción es invertir más de 1 millón de euros en acciones, fondos de inversión o depósitos bancarios, o participaciones sociales de sociedades de capital españolas, la segunda es la compra de dos millones de euros o más en deuda pública española. La alternativa es comprar una o más propiedades por valor igual o superior a 500.000 euros.

Varias organizaciones de izquierda han atacado el "visado dorado" desde su introducción. Por ejemplo, el grupo parlamentario de Íñigo Errejón, de Más País, presentó en febrero pasado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar la posibilidad de adquirir una autorización de residencia mediante la compra de propiedades en España.

La formación de Errejón señala en el documento presentado que este tipo de exigencia para el otorgamiento de una visa provoca un aumento del precio de las viviendas. En la proposición de ley, afirman "El incremento del precio de la vivienda derivado de la incorporación a la oferta de agentes con alto poder adquisitivo, dispuestos a invertir en inmuebles por encima del precio de mercado, afecta directamente al poder adquisitivo de las rentas medias y bajas".

Más País logró un principio de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, para endurecer los requisitos para la concesión de visados por compra de vivienda. Sin embargo, el adelanto de las elecciones y la posterior disolución de las Cortes han obstaculizado la aplicación de este cambio legal, que el ministro Escrivá consideró no una prioridad.

La Unión Europea ha puesto en duda la legitimidad de los "visados de oro" debido a que su expedición no requiere una investigación sobre el origen de los fondos que se invierten. En este contexto, Más País ha sugerido un cambio legislativo que asegure que las inversiones extranjeras en vivienda se realicen "garantizando sus efectos sobre la economía real y sin distorsionar el mercado inmobiliario en España."

De lo que sí es partidario, sin embargo, es de que se mantenga el "Visado de Oro" para los inversores extranjeros que adquieran deuda española por un importe igual o superior a dos millones de euros o que inviertan en una empresa española, como ya especifica la legislación.

El responsable de Más País opina que estos dos ejemplos "sí son productivos" y además producen puestos de trabajo en España. Por ello, es partidario de mantener estos puntos en su estado actual o, al menos, mirarlos con "cuidado".