The COVID-19 pandemic and all that it has caused over the last year has only lengthened all kinds of processes, from the most trivial and usual to the most serious. Among these, few have suffered so many delays —for obvious reasons such as the closing of borders, the greater number of citizens applying to them, the lack of human resources, and the difficulty of carrying out processes in a non-telematic way— as those of immigration and residency procedures in Spain.

Faced with this problem and in an announcement that we have received with special joy in Echeverría Abogados, where we focus on this type of legal work, the Spanish Government announced not long ago an acceleration in the resolution of nationality proceedings. The news was published on March 8, 2021 by the Subdirectorate General of Nationality, under the Ministry of Justice, which launched on that date what is already its second shock plan to address this issue.

The plan in question deals with a series of measures aimed at resolving the backlog in the processing and resolution of nationality by residence applications, as well as those of Sephardim.

Cabe decir que, aunque en la última década se ha producido un notable incremento en el número de este tipo de solicitudes —90.000 al año—, lo más probable es que estas no hayan hecho más que aumentar en un contexto, el de la pandemia y la futura postpandemia, en el que una nacionalidad cuenta el doble. Esto se ha sumado a los habituales retrasos en cualquier tipo de trámite administrativo. También a que debido a la Ley 12/2015 sobre la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España hayan llegado 54.209 expedientes y no solo eso, sino que se esperan recibir unos 100.000 más durante lo que queda de 2021. Y en total, todo ello lleva a la friolera de 299.724 expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de resolución.

Como ya hemos dicho, y aunque los retrasos acumulados durante años en la tramitación y resolución de este tipo de expedientes ya han generado esta situación de atasco, la actual situación sanitaria no había hecho más que agravarla. Es por ello que se ha puesto en marcha un segundo plan extraordinario de productividad por objetivos, realizado por los funcionarios experimentados del Ministerio de Justicia, y que se llevará a cabo fuera de la jornada habitual con la correspondiente remuneración.

El coste previsto para la realización de dicho plan por parte del Ministerio de Justicia es de 1.865.872 euros: 1.420.704 € correspondiente a los expedientes de nacionalidad por residencia; y 445.168 €, a los expedientes sefardíes. Algo que vamos a agradecer enormemente en Echeverría Abogados, expertos, como somos, en casos de residencia y nacionalidad española.

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