Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno novedoso, tampoco son algo que se hayan inventado las sociedades contemporáneas. Con mayor o menor intensidad, en mayor o menor grado, las migraciones han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. Siempre. Son un componente inseparable en la evolución y el progreso. No acabaron nunca ni se acabarán ahora.

Con todo, sí es cierto que los flujos migratorios registrados en España han aumentado en las últimas décadas, salvo en los peores años de la crisis económica (2008-2014), momento en el que muchos de los que habían venido decidieron marcharse de un país en una situación económica precaria. Esto ha generado ciertos cambios o presiones de cambio sobre aspectos legislativos, éticos y sociales.

Vayamos viendo alguna de estas consideraciones con más detalle.

Cambio en las últimas décadas del siglo XX

La sociedad española ha vivido procesos de transformación muy potentes en la segunda mitad del siglo XX, y los flujos migratorios han tenido mucho que ver con ello. En este caso, en vez de estar provocados por la emigración a otros países —dinámica histórica en España—, ha tenido que ver con la llegada de ciudadanos extranjeros.

Dichos flujos han transformado profundamente los perfiles de la sociedad española. No se trata solamente del peso adquirido por la población de origen extranjero en España —que, tras haber alcanzado su máximo nivel en 2011 con 5,7 millones de personas, supera en la actualidad los 5,4 millones de personas después del resurgimiento del flujo de inmigrantes en 2014—, sino de los cambios que ha operado en las raíces culturales de España.

El país presenta ya un nivel de multiculturalidad comparable con los principales países receptores del mundo desarrollado, con mucha mayor tradición receptora. Esto no hace más que enriquecer el país y lo hace, además, con una presencia mucho menor de comportamientos o políticas xenófobas o racistas si comparamos a España con otros países de su área de influencia.

En Italia, sin ir más lejos, se ha producido la victoria en las elecciones generales de un partido posfascista como es Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni. Y Suecia, en sus elecciones del 11 de septiembre, vio cómo la ultraderecha vivió un resurgir sin precedentes para auparse, probablemente, al poder. Otros países como Polonia o Hungría han aprobado políticas abiertamente racistas. Y en ese contexto, España parece una isla de resistencia ante el asalto de la intolerancia, a los gobiernos de todo el continente europeo.

Eso no quiere decir que las polémicas migratorias no existan, también, en España. En este año 2022, quizás ninguna ha tenido la repercusión que sí alcanzaron los saltos a la valla de Melilla, donde se denunció la excesiva fuerza utilizada por la Policía Nacional, la tortura y asesinato a los que fueron sometidas muchas personas por parte de la policía marroquí, así como el continuo chantaje con el que Marruecos somete a España con su política de fronteras.

Y, por último, también cabe señalar el amplio flujo de refugiados e inmigrantes llegados de Ucrania, por causa de la invasión de este país por parte de Rusia. En abril de 2022, ya se hablaba de unos 140.000 refugiados ucranianos en España.

Ausencia de modificaciones legislativas

En cualquier caso, pese a este aumento de los flujos migratorios, las iniciativas adoptadas a nivel legislativo no han sido de un número desmedido. Más bien todo lo contrario. En este sentido, cabe mencionar la aprobación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como varias reformas parciales de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su Reglamento de desarrollo. También la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, así como el reciente Real Decreto que ha reformado del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería.

Por último, otro acto legislativo con cierto efecto sobre las políticas migratorias y de extranjería ha sido la reciente Ley de Nietos, que inició su camino a la aprobación en el verano de 2022 por el gobierno de coalición. Aunque esta “Ley de Memoria Democrática”, tal es su nombre oficial, no es explícitamente una ley centrada en regularizar los flujos migratorios, sí tiene cierto efecto sobre los descendientes de españoles que pueden solicitar la nacionalidad de sus antecesores. En ese sentido, con esta nueva ley se amplía el espectro de personas que pueden solicitar la nacionalidad hasta los nietos y nietas de españoles, en aquellos casos en los que los abuelos o padres hubiesen perdido la nacionalidad debido a un exilio por motivos ideológicos, religiosos, o de orientación sexual, e incluso alcanza a bisnietos/as.

Por el resto, el último Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 expiró sin que hasta el momento haya llegado a ver la luz una nueva estrategia general en este ámbito. Y precisamente durante esos años de crisis económica y de empleo, se ha hecho patente la vulnerabilidad de los hogares formados por personas de origen extranjero.

Así pues, el momento parece propicio para que España aborde una aproximación integral a la realidad del nuevo escenario migratorio en España, desde el punto de vista de sus efectos y su aportación en distintos ámbitos. Un prisma más amplio que abarque desde el origen de los inmigrantes que se establecen en España hasta los propios detonantes de los procesos migratorios, entre los que la reagrupación familiar ha aumentado en importancia.